Asesoramiento y resolución de conflictos entre administraciones y contratistas
Esta área tiene como norma de referencia la Ley de Contratos del Sector Público y ,con base en la misma, se estima que se genera una gran parte del Producto Interior Bruto del país. El sector resulta esencial para la provisión de bienes y servicios a los ciudadanos.
En las últimas décadas ha sufrido múltiples modificaciones legislativas producto de la transposición de las Directivas de la Unión Europea. Estas modificaciones han facilitado nuevos instrumentos jurídicos y han creado nuevos retos tanto para los contratistas como para las entidades públicas.
Palacio de Justicia de Logroño
Por otro lado, la contratación pública ha sido señalada por la Unión Europea como el elemento esencial para la modernización de sectores económicos. También supone la base para la transformación digital y el fomento de las energías limpias, por lo que actualmente es objeto de un gran impulso.
El área de práctica aborda, principalmente, las licitaciones y las relaciones contractuales que los particulares y las empresas mantienen con las entidades del sector público.
En la misma línea, abarca cuestiones tales como los expedientes sancionadores y de responsabilidad patrimonial de las diferentes administraciones públicas. Finalmente, puede derivar en la tramitación de recursos especiales en materia de contratación y en procedimientos judiciales para la impugnación de las resoluciones administrativas.
¿Qué tipo de asuntos se tramitan?
Esta área incluye, entre otros, los siguientes asuntos:
- Ejecución de contratos públicos: revisión de contratos, interpretación y resolución de incidencias durante la ejecución.
- Procedimientos sancionadores: asesoramiento y defensa en los distintos procedimientos sancionadores tramitados por las administraciones públicas.
- Procedimientos administrativos: asesoramiento y elaboración de escritos hasta poner fin a la vía administrativa (iniciadores de procedimiento, alegaciones, recursos, etc.).
- Reclamación de deudas: asesoramiento y reclamación de importes adeudados ante las administraciones públicas (principal, intereses de demora y costes de cobro).
- Responsabilidad patrimonial: tramitación de reclamaciones ante las administraciones públicas derivadas de su normal o anormal funcionamiento.
- Incumplimientos: alegaciones y recursos en expedientes de penalizaciones, modificación y resolución de contratos.
- Expedientes de daños y revisión de precios: preparación de los expedientes y tramitación judicial.