La Sentencia del Tribunal de Justicia dictada en el asunto C-151/25, de 24 de septiembre de 2026 (cuestión prejudicial de interpretación), se ha pronunciado sobre la interpretación del artículo 6.1 y 10 y los apartados 20 y 22 del anexo I del Convenio de Aarhus con ocasión de la prórroga de la autorización de un parque eólico en Bélgica.
La conclusión es la siguiente: “El artículo 6, apartados 1 y 10, del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus el 25 de junio de 1998 y aprobado en nombre de la Comunidad Europea mediante la Decisión 2005/370/CE del Consejo, de 17 de febrero de 2005, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional en virtud de la cual se excluye de la participación del público cualquier procedimiento relativo a una decisión por la que se prorroga diez años una autorización para una actividad contemplada en el anexo I de dicho Convenio, concedida inicialmente para un período de veinte años”.
De forma resumida: si se concede una prórroga de un parque eólico, debe haber participación conforme al Convenio de Aarhus.
Recordemos cuál es la regulación de la norma interpretada:
Artículo 6. Participación del público en las decisiones relativas a actividades específicas.
1. Cada Parte:
a) Aplicará las disposiciones del presente artículo cuando se trate de autorizar o no actividades propuestas de las enumeradas en el anexo I;
b) aplicará también las disposiciones del presente artículo, de conformidad con su derecho interno, cuando se trate de adoptar una decisión respecto de actividades propuestas no enumeradas en el anexo I que puedan tener un efecto importante sobre el medio ambiente. Las Partes determinarán en cada caso si la actividad propuesta entra en el ámbito de estas disposiciones; y c) podrán decidir caso por caso, si el derecho interno lo prevé, no aplicar las disposiciones del presente artículo a las actividades propuestas que respondan a las necesidades de la defensa nacional si la Parte considera que esta aplicación iría en contra de esas necesidades.
(…)
10. Cada Parte velará por que, cuando una autoridad pública reexamine o actualice las condiciones en que se ejerce una actividad mencionada en el apartado 1, las disposiciones de los apartados 2 a 9 del presente artículo se apliquen mutatis mutandi y como corresponda.
Por su parte, los apartados 20 y 22 señalan lo siguiente:
20. Toda actividad no mencionada en los apartados 1 a 19 supra cuando esté prevista la participación del público respecto de ella en el marco de un procedimiento de evaluación del impacto sobre el medio ambiente conforme a la legislación nacional.
(…)
22. Toda modificación o ampliación de las actividades que responda en sí a los criterios o umbrales expresados en el presente anexo se regirá por el apartado 1.a) del artículo 6 del presente Convenio. Cualquier otra modificación o ampliación de las actividades se regirá por la letra b) del apartado 1 del artículo 6 del presente Convenio.
Entrando al análisis de los fundamentos de la sentencia, estos son los siguientes:
39 En relación con la interpretación del artículo 6, apartados 1 y 10, del Convenio de Aarhus, procede señalar que, por lo que respecta a las actividades propuestas de las enumeradas en el anexo I de este Convenio, y sin perjuicio de las excepciones que prevén, por una parte, su artículo 6, apartado 1, letra c), y, por otra parte, el apartado 21 de su anexo I, el artículo 6 de dicho Convenio exige aplicar las disposiciones de sus apartados 2 a 9 en cuatro situaciones: en primer lugar, cuando se trata de autorizar o no tales actividades [artículo 6, apartado 1, letra a), y apartados 1 a 20 del anexo I]; en segundo lugar, cuando se trata de autorizar o no una modificación o una ampliación de esas actividades que responda, en sí misma, a los criterios o umbrales expresados en el referido anexo I (apartado 22, primera frase, del anexo I); en tercer lugar, cuando se trata de autorizar o no cualquier otra modificación o ampliación de dichas actividades que pueda tener un efecto importante sobre el medio ambiente (apartado 22, segunda frase, del anexo I) y, en cuarto lugar, cuando una autoridad pública reexamina o actualiza las condiciones en que se ejerce tal actividad (artículo 6, apartado 10). A este último respecto, el artículo 6, apartado 10, del Convenio de Aarhus precisa que las disposiciones de los apartados 2 a 9 del presente artículo se aplicarán «mutatis mutandis y como corresponda».
40 En el caso de autos, consta que la decisión de autorización, mediante la Orden Ministerial de 6 de junio de 2017, del parque eólico objeto del litigio principal correspondía a la primera de las cuatro situaciones mencionadas en el apartado anterior de la presente sentencia. En efecto, como indica el órgano jurisdiccional remitente, esta autorización estaba sometida, en Derecho valón, a un procedimiento de evaluación del impacto sobre el medio ambiente que implicaba una fase de participación del público. Por consiguiente, quedaba comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 6, apartado 1, letra a), del Convenio de Aarhus, en relación con el apartado 20 de su anexo I, que se refiere a «toda actividad no mencionada en los apartados 1 a 19 [de dicho anexo] cuando esté prevista la participación del público respecto de ella en el marco de un procedimiento de evaluación del impacto sobre el medio ambiente conforme a la legislación nacional».
41 En lo que atañe a la decisión de prórroga, es preciso señalar, en primer lugar, que, no existiendo obras ni intervenciones que modifiquen la realidad física del emplazamiento, circunstancia que incumbe comprobar al órgano jurisdiccional remitente, no puede considerarse que esta decisión corresponda a la segunda o la tercera de las cuatro situaciones mencionadas en el apartado 39 de la presente sentencia. En efecto, el apartado 22 del anexo I del Convenio de Aarhus no trata sobre las modificaciones físicas o las ampliaciones llevadas a cabo en las actividades, como se deriva de la Guía de aplicación del Convenio de Aarhus, documento publicado por la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (segunda edición, 2014) (en lo sucesivo, «Guía de aplicación del Convenio de Aarhus»), que, según jurisprudencia reiterada, puede considerarse un documento explicativo que, en su caso, cabe tener en cuenta, entre otros elementos pertinentes, para interpretar ese Convenio, aunque los análisis que incluye no tienen ninguna fuerza obligatoria y carecen del alcance normativo inherente a las disposiciones del citado Convenio [sentencia de 8 de noviembre de 2022, Deutsche Umwelthilfe (Homologación de tipo de vehículos de motor), C‑873/19, EU:C:2022:857, apartado 55 y jurisprudencia citada].
42 En segundo lugar, para apreciar si una decisión por la que se prorroga una autorización para una actividad puede estar comprendida en el artículo 6, apartado 10, del Convenio de Aarhus, debe recordarse que esta disposición establece que «cada Parte velará por que, cuando una autoridad pública reexamine o actualice las condiciones en que se ejerce una actividad mencionada en el apartado 1, las disposiciones de los apartados 2 a 9 del presente artículo se apliquen mutatis mutandis y como corresponda».
43 A este respecto, procede señalar que el concepto de «condiciones en que se ejerce una actividad mencionada en el apartado 1», que figura en el artículo 6, apartado 10, del Convenio de Aarhus, no se define en este Convenio. Tampoco se precisa en la Guía de aplicación del Convenio de Aarhus.
44 Dicho esto, habida cuenta de que los términos «condiciones en que se ejerce una actividad» de esta disposición hacen referencia en el lenguaje corriente a las circunstancias en las que debe realizarse una actividad y de que dicha disposición precisa que se trata de circunstancias o requisitos que deben ser reexaminados o actualizados por una autoridad, el período para el que se autoriza una actividad constituye una de esas condiciones. Por consiguiente, toda decisión por la que se autorice la explotación de tal actividad más allá del período inicialmente fijado equivale a una actualización de las condiciones en que se ejerce esa misma actividad, a los efectos del artículo 6, apartado 10, del Convenio de Aarhus.
45 El contexto en el que se inscribe el artículo 6, apartado 10, del Convenio de Aarhus, así como el objetivo perseguido por este Convenio, vienen a confirmar tal interpretación.
46 Por lo que respecta al contexto, es preciso señalar que la referida disposición debe interpretarse en relación con el apartado 22 del anexo I del Convenio de Aarhus. En efecto, como también ha puesto de relieve la Guía de aplicación del Convenio de Aarhus, si bien el apartado 22 del anexo I de dicho Convenio se refiere a las modificaciones físicas o a las ampliaciones llevadas a cabo en las actividades, el apartado 10 del artículo 6 del citado Convenio trata de las modificaciones introducidas en las condiciones en que se ejercen las actividades en cuestión. La complementariedad de esta última disposición con respecto a la primera confirma que el período de validez de una autorización para ejercer una actividad, aun cuando no atañe a la realidad física de esta última, puede entenderse incluido entre las condiciones en que se ejerce la citada actividad.
47 Por otra parte, en cuanto al objetivo perseguido por el Convenio de Aarhus, del artículo 1 de este Convenio se desprende que su artículo 6 tiene por objeto contribuir a proteger el derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente que permita garantizar su salud y su bienestar.
48 A tal fin, el artículo 6, apartado 7, del Convenio de Aarhus, en relación con el apartado 6 de este artículo, exige que el público tenga la posibilidad de presentar todas las observaciones, informaciones, análisis u opiniones que considere pertinentes, en particular, respecto de las características físicas y técnicas de la actividad de que se trate, de los efectos importantes de la actividad propuesta sobre el medio ambiente, de las medidas previstas para prevenir o reducir esos efectos, en particular las emisiones, así como de las principales soluciones alternativas estudiadas por el autor de la solicitud de autorización.
49 Pues bien, si bien es cierto que, en el caso de una actividad comprendida, como en el presente asunto, en el apartado 20 del anexo I del Convenio de Aarhus, el público tuvo la posibilidad de pronunciarse sobre estos aspectos con ocasión de la autorización inicial de tal actividad, es preciso señalar que, a lo largo del tiempo, tanto las tecnologías pertinentes para la actividad de que se trata como el medio ambiente en el que se ejerce dicha actividad pueden evolucionar. En particular, por una parte, pueden desarrollarse nuevas tecnologías, que permitan reducir, o incluso prevenir, los efectos de dicha actividad sobre el medio ambiente. Por otra parte, el medio ambiente puede experimentar una evolución positiva o negativa, ya sea en conexión con la actividad de que se trate o por otros motivos.
50 Así, al expirar la autorización inicialmente concedida, puede plantearse la cuestión de si la actividad de que se trate puede continuar en las condiciones establecidas en dicha autorización, si estas condiciones deben actualizarse o si, en su caso, procede abandonar la actividad.
51 Por lo tanto, permitir que una decisión por la que se renueva una autorización como la controvertida en el litigio principal, prorrogando diez años la autorización concedida inicialmente por un período de veinte años, sea adoptada en todo caso sin que se garantice la participación del público sería contrario al objetivo perseguido por el artículo 6 del Convenio de Aarhus, recordado en el apartado 47 de la presente sentencia.
52 Por consiguiente, cuando, como en el caso de autos, la normativa nacional aplicable excluye de la participación del público la adopción de una decisión como la controvertida en el litigio principal, corresponde al juez nacional que conoce de un litigio como el sometido al órgano jurisdiccional remitente evaluar si procede aplicar mutatis mutandis las disposiciones de los apartados 2 a 9 del artículo 6 del Convenio de Aarhus, teniendo en cuenta las circunstancias concretas de cada caso de renovación de una autorización de explotación. En el marco de esta evaluación, deben considerarse, en particular, la naturaleza de la actividad de que se trate, el período de validez inicial de la autorización concedida para su explotación, la duración de la prórroga solicitada o concedida frente a ese período de validez inicial y los efectos sobre el medio ambiente de la explotación de la actividad en sí misma.
53 En estas circunstancias, por una parte, a la vista del tenor del artículo 6, apartado 10, del Convenio de Aarhus, que se refiere, concretamente, a los casos de reexamen o actualización de las condiciones en que se ejerce una actividad como la controvertida en el litigio principal, la cuestión de si hubo participación del público en el procedimiento de autorización inicial no debería ser relevante.
54 Por otra parte, tampoco deberían influir en tal evaluación con ocasión de la renovación de una autorización de explotación de una actividad como la controvertida en el litigio principal las circunstancias mencionadas en el apartado 28 de la presente sentencia, a saber, el hecho de que las autorizaciones sujetas a una nueva normativa nacional se concedan, por principio, por un período de tiempo más largo que el previsto para la autorización en cuestión. En efecto, se ha de señalar que el artículo 6, apartado 10, del Convenio de Aarhus puede aplicarse a cualquier reexamen o a cualquier actualización de las condiciones en que se ejerce una actividad, con independencia de que, en función de la opción elegida por las autoridades nacionales, tales reexámenes o actualizaciones puedan tener lugar para una categoría de interesados en un plazo más breve que para otros.
55 Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales planteadas que el artículo 6, apartados 1 y 10, del Convenio de Aarhus debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional en virtud de la cual se excluye de la participación del público cualquier procedimiento relativo a una decisión por la que se prorroga diez años una autorización para una actividad contemplada en el anexo I de dicho Convenio, concedida inicialmente para un período de veinte años.
