Las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) están vigentes únicamente durante el periodo que marca la Ley.
La explicación y la interpretación de este régimen jurídico se localiza, entre otras, en dos sentencias, una del Tribunal Constitucional y otra del Tribunal Supremo que se extractan a continuación:
Tribunal Constitucional, Pleno, Sentencia de 11 de mayo de 2017 (Ponente: Narváez Rodríguez, Antonio – Nº de Sentencia: 53/2017 – Nº de Recurso: 1410/2014. Ref. CJ 62620/2017. ECLI: ES:TC:2017:53)
“(…)En relación con estas disposiciones hay que tomar en consideración, en primer término, que el impacto de un determinado plan, programa o proyecto puede verse alterado por los cambios y variaciones que experimente a lo largo del tiempo el medio ambiente o los elementos que lo integran, o que el propio resultado de una declaración ambiental pueda verse afectado por razones como el estado de la ciencia o de la técnica. Razones que fundamentan que la declaración ambiental estratégica y la declaración de impacto ambiental se configuren como actos de trámite con vigencia limitada en el tiempo. En consecuencia, la previsión de un periodo máximo de vigencia de las declaraciones en cuestión y su extinción, una vez pasado el plazo, si no se aprueba el plan o programa, o se procede a la ejecución del proyecto evaluado, son disposiciones básicas para garantizar la eficacia de las evaluaciones ambientales en todo el territorio del Estado. Por la misma razón es básico el requisito sine qua non para que el órgano ambiental resuelva favorablemente una solicitud de prórroga, establecido en la primera frase de los apartados tercero del artículo 27 y 43, de «que no se hayan producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron de base para realizar la evaluación». Se trata de un requisito mínimo aplicable en todo el territorio para garantizar la eficacia de las evaluaciones ambientales en aquellos supuestos en que se solicite la prórroga de las declaraciones ambientales estratégicas o de las declaraciones de impacto ambiental, sin perjuicio de aquellos otros que las Comunidades Autónomas puedan establecer, en aras de la protección del medio ambiente en su ámbito territorial para el caso de los planes, programas o proyectos cuya evaluación les competa (…)”.
Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª, Sentencia de 22 de septiembre de 2022 (Ponente: Olea Godoy, Wenceslao Francisco – Nº de Sentencia: 1178/2022 – Nº de Recurso: 1567/2021. Ref. CJ 232354/2022. ECLI: ES:TS:2022:3618)
“(…) CUARTO. Sobre la caducidad de la DIA.
(…)
No obstante lo anterior, debe señalarse que todo el debate que se suscita en los escritos de interposición en relación con la imposibilidad de que la caducidad de un acto administrativo pueda ser declarada de oficio por los Tribunales, no es determinante de la decisión adoptada en la instancia que, como ya se ha dicho, acoge la pretensión originaria por varios motivos. Pero es que, además, no es cierto, en puridad de principios, que el Tribunal de instancia haya procedido a la declaración de caducidad de la tan mencionada DIA de 2005, sino que en realidad lo que declara es que esa declaración ambiental no era vinculante para la aprobación del PSIS, en cuanto que instrumento de ordenación territorial, lo cual es acorde con lo que hemos razonado anteriormente.
Ese debate requiere una previa aclaración. Es cierto que la caducidad, en cuanto que extinción de un derecho adquirido por el mero hecho del transcurso del tiempo, no puede declararse sin dar oportunidad al interesado con el fin de que pueda hacer alegaciones a esa extinción; lo cual comporta la realización de una serie de trámites que han de concluir precisamente en una resolución expresa en que así se declare y, ciertamente que de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esa decisión deberá estar motivada. Por dichas razones no es admisible que puedan los Tribunales de Justicia, al revisar las autorizaciones o licencias que se hubiesen otorgado, declararla en sus sentencias. Y en ese sentido sirven de claro ejemplo las sentencias que se citan por las partes aquí recurrentes. Ahora bien, la sentencia no se limita, como parece concluirse de las alegaciones de los recurrentes, a la mera declaración de la caducidad de manera directa del pretendido derecho de la titular de la autorización para la instalación del parque eólico; lo que se razona por el Tribunal sentenciador es que esa autorización requiere un presupuesto, la evaluación ambiental, y que la única declaración realizada al respecto no era eficaz. Ciertamente que es la Administración la que ha de declarar la caducidad pero, por un lado, no le es dable a la Administración apreciar o no la caducidad sino que, sometida al principio de legalidad en sus actuaciones, si se concurren sus presupuestos, está obligada a esa declaración; de otro lado, cuando, como aquí sucede, la caducidad no afecta directamente a la decisión adoptada –es decir, la aprobación de la Modificación del PSIS– sino que tiene como presupuesto una previa declaración que no está vigente por haber caducado, el principio de legalidad imponía a la Administración denegar dicha aprobación y para ello motivarla en la caducidad. Y como quiera que esa era la legalidad aplicable, el Tribunal de lo Contencioso estaba obligado a hacer esa declaración, que no es la caducidad de la declaración ambiental directamente, sino la aprobación de la modificación precisamente porque la única declaración ambiental existente no era eficaz. (…)”