La cuestión relativa a la legitimación en pleitos ambientales siempre suele ser fuente de fricción y ha tenido que ser nuevamente abordada por la Sección 5º de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en la Sentencia de 30/10/2026 (Sentencia 4453/2026; Nº de Recurso: 6879/2024; Nº de Resolución: 1217/2026).
La controversia jurídica que analiza la sentencia es el alcance del concepto de interés legítimo en relación con la legitimación activa de vecinos de un municipio, que concurran como personas físicas, respecto a actuaciones que prevean la ejecución de una instalación en las inmediaciones que pueda potencialmente afectar al medio ambiente, aun cuando no concurra el supuesto de acción pública ambiental.
La Sentencia señala que la doctrina tradicional ha evolucionado hacia una comprensión cada vez más amplia del concepto de interés legítimo en materia medioambiental y en la delimitación de la legitimación procesal de los vecinos afectados por actuaciones con incidencia territorial o ambiental y cita para ello diversas sentencias del Tribunal Constitucional.
Después de exponer los razonamientos basados en los precedentes jurisprudenciales, el Tribunal Supremo acaba concluyendo lo siguiente:
«La acción pública medioambiental regulada en los artículos 22 y 23 de la Ley 27/2006 constituye un título especial de legitimación que no excluye la legitimación ordinaria derivada del artículo 19.1.a) LJCA . Los vecinos que actúan como personas físicas pueden ostentar interés legítimo para impugnar actuaciones administrativas con potencial incidencia medioambiental cuando exista una conexión suficiente entre la actuación controvertida y el ámbito territorial en que residen o desarrollan su círculo vital de intereses».
El Tribunal Supremo casa la Sentencia impugnada que aprecia la falta de legitimación activa, en lo sustancial, por los siguientes motivos: (i) la mera condición de vecino no basta para acreditar un interés legítimo concreto y diferenciado; (ii) las posibles afecciones a sus viviendas, tierras o negocios son afirmaciones hipotéticas que no permiten apreciarla concurrencia de interés legítimo; y (iii) la acción pública ambiental de la Ley 27/2006 corresponde a determinadas personas jurídicas y no a personas físicas.
El Tribunal Supremo no está conforme con esta tesis y recoge en sus Fundamentos las siguientes consideraciones:
“8.2. (…) Los recurrentes no comparecen en defensa de la legalidad objetiva, ni como simples ciudadanos preocupados por la protección abstracta del medio ambiente, sino como residentes en un pequeño municipio en el que se proyecta implantar la actuación autorizada, como personas vinculadas de forma estable al territorio afectado, titulares de intereses patrimoniales y vitales conectados con dicho espacio físico y como destinatarios potenciales de las consecuencias derivadas de la ejecución y funcionamiento de la instalación de la granja porcina controvertida.
La sentencia recurrida parece exigir, para reconocerles legitimación, una acreditación prácticamente concluyente de la efectiva producción del daño cuya prevención precisamente se persigue mediante la impugnación de la autorización ambiental integrada. Dicha exigencia desnaturaliza la propia función preventiva característica del derecho ambiental, pues no puede exigirse a los recurrentes que demuestrenla materialización del perjuicio para reconocerles legitimación frente a una autorización cuya impugnación precisamente persigue evitar que dichos perjuicios lleguen a producirse. Hay que diferenciar el juicio sobre la legitimación, del juicio sobre la existencia real de la lesión denunciada, pues mientras la primera afecta al acceso al proceso, la segunda pertenece al examen del fondo. Y la sentencia recurrida exige un grado de individualización del perjuicio que, en la práctica, equivale a anticipar el examen del fondo de la controversia al juicio de legitimación.
No se trata, en definitiva, de terceros ajenos a la actuación administrativa, ni de ciudadanos sin vinculación específica con el territorio afectado y, como se ha dicho, la circunstancia de que la afectación alegada pueda ser compartida por otros vecinos no elimina su carácter propio, ya que la afectación compartida sigue siendo afectación.
8.3.-La interpretación acogida por la sentencia recurrida conduce, en último término, a un resultado difícilmente compatible con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 CE y con la interpretación efectuada constitucionalmente del artículo 19.1.a) LJCA.
Y decimos esto porque si consideramos que ni los residentes en el municipio afectado, ni los titulares de viviendas o explotaciones radicadas en él, ni quienes alegan la potencial incidencia de riesgos vinculados al abastecimiento de agua, a la gestión de residuos ganaderos o a las condiciones ambientales locales pueden acceder a la jurisdicción por carecer de interés legítimo, la consecuencia práctica es que el ámbito de aplicación del artículo 19.1.a) LJCA queda vaciado de contenido en una parte sustancial de los conflictos medioambientales territorialmente localizados. Y ello supondrá atribuir a la acción pública de los artículos 22y 23 de la Ley 27/2006 una función excluyente que como se ha razonado, la doctrina jurisprudencial no admite.
8.4.-Debemos concluir, por ello, que los recurrentes ostentan una relación suficientemente intensa, específica y diferenciada con la actuación administrativa impugnada para integrar el concepto de interés legítimo contemplado en el artículo 19.1.a) LJCA, por cuanto existe una conexión suficiente entre la actuación controvertida y el ámbito territorial en que residen o desarrollan su círculo vital de intereses, por lo que procede declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto, anulando la sentencia impugnada, con retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior al dictado de la sentencia de instancia, para que se dicte una nueva entrando en el fondo del asunto, resolviendo lo que proceda sobre los motivos impugnatorios esgrimidos, con observancia de lo razonado y decidido en esta sentencia al resolver el presente recurso de casación (…)”
