El acceso a la información ambiental se encuentra, con gran frecuencia, con límites por parte de la Administración que, en ocasiones, no parecen casar con la normativa de aplicación.
Un ejemplo de ello lo constituye el caso analizado por la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (sección 5º) de 28 de octubre de 2026 (rec.3826/2024, Sentencia núm. 1.205/2026).
El objeto del análisis casacional es determinar si los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, permiten el acceso al contenido de expedientes sancionadores tramitados a consecuencia de la producción de emisiones al medio ambiente, o si deben primar las restricciones al contenido de actuaciones sancionadoras administrativas o penales, previstas en la legislación de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
En sus Fundamentos de Derecho la Sentencia señala lo siguiente:
“(…) En el caso concreto de la Ley 27/2006 se contiene una regulación específica, un régimen jurídico propio, global, completo y diferenciado del derecho de acceso a la información ambiental para todos los ciudadanos. Como se ha expuesto, esta regulación constituye la incorporación de la normativa europea en una materia, que, por su especialidad e intensidad de la exigencia de protección del medio ambiente, demanda que los límites al ejercicio del derecho de acceso a la información tengan su propia regulación. Sólo en lo no previsto en la citada Ley será de aplicación la Ley 19/2013, en cuanto no resulte incompatible con esa especialidad. Por tanto, los límites al ejercicio de ese derecho serán los que la propia Ley 27/2006 establece (…)”.
Y la respuesta que se da a la cuestión casacional analizada es la siguiente:
«Los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, permiten el acceso al contenido de expedientes sancionadores tramitados a consecuencia de la producción de emisiones al medio ambiente, no primando en ese caso las restricciones al contenido de actuaciones sancionadoras administrativas previstas en la legislación de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.».
Entrando a resolver la concreta controversia, el Tribunal Supremo añade lo siguiente:
“(…) las restricciones al derecho de acceso a la información ambiental han de interpretarse restrictivamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.4 de la Ley 27/2006 , que obliga a ponderar, en cada caso concreto, el interés público en la divulgación de la información solicitada y el particular de quien pueda verse afectado por esa divulgación”.
